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Conocida como la “Ley Fintech”, que se encargará de regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, fue aprobada por el pleno del Senado de la República.

El término “Fintech” se utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación, como páginas de Internet, redes sociales y aplicaciones para celulares.

Se prevé que esta ley permita que dichos servicios sean menos costosos y más eficientes que los que ofrece la banca tradicional. Actualmente operan alrededor de 158 empresas Fintech en el país.

El presidente de la Comisión de Hacienda, José Francisco Yunes Zorrilla, expuso que esta ley es “sumamente importante y de vanguardia, que permite encontrar caminos de vinculación entre el sistema financiero tradicional, con las nuevas expresiones tecnológicas, con el propósito de generar condiciones de competencia, de certeza y de eficiencia en el ámbito económico del país”.

En tribuna dijo que como contenido y materia, dicha ley tiene interés de “regular los pagos electrónicos, el financiamiento colectivo, los activos virtuales y la asesoría financiera electrónica”.

De acuerdo con el dictamen avalado, se plantea incrementar el nivel de inclusión financiera en todo el país, promover la competencia y dotar de certidumbre jurídica a los participantes del sector, contribuyendo a la mejora del sistema financiero nacional.

La nueva ley prevé el reconocimiento de dos tipos de instituciones de tecnología financiera (ITF), las de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico.

Se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para otorgar autorizaciones para la organización, operación y funcionamiento de las ITF. La creación de un comité interinstitucional integrada por servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Banco de México (Banxico) y la CNBV.

El dictamen avalado, incluye 38 modificaciones a la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, penaliza la disposición indebida de fondos de pago electrónicos o activos virtuales, previstos en la Ley de Instituciones de Crédito.

Se precisa que los datos transaccionales personales son de los clientes y solo se puede disponer de ellos previo consentimiento. La autoridad tendrá como facultad establecer las condiciones para la interrupción del flujo de información en los casos que lo amerite.

El uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología se puede pactar con el cliente a través de contrato cuya firma pueda ser autógrafa o electrónica, indistintamente, indica la nueva ley.

Fuente: Dinero en Imagen

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