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Otra semana, una nueva escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China

Otra semana, una nueva escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El 17 de septiembre, el presidente Donald Trump anunció que había autorizado una nueva serie de aranceles a las importaciones chinas.

A partir del 24 de septiembre, se impondrán derechos aduaneros del 10 por ciento a las importaciones de productos que en 2017 ascendieron hasta 189 mil millones de dólares. Los chinos prometieron responder el mismo día con derechos sobre 60 mil millones de dólares en exportaciones estadounidenses.

Si no se alcanza la paz antes del año nuevo, la tasa de los aranceles estadounidenses se elevará al 25 por ciento el primero de enero.

Trump se queja con frecuencia de que los chinos se han aprovechado desde hace tiempo de los estadounidenses. Sin embargo, los burócratas estadounidenses afirman que los derechos aduaneros se sometieron a una detenida deliberación.

La oficina del representante comercial de Estados Unidos tardó siete meses en escribir un informe en el que describe las prácticas comerciales injustas de China. El proceso de autorización de la serie más reciente incluyó la revisión de 6000 escritos recibidos por dicha oficina y seis días de audiencias.

En comparación con una propuesta anterior, la lista más reciente de aranceles excluye productos con un valor de hasta 30 mil millones de dólares.

A pesar de la advertencia de Trump el 8 de septiembre sobre la posibilidad de que los precios de productos fabricados por Apple subieran como consecuencia de sus aranceles, los relojes inteligentes y dispositivos Bluetooth se eliminaron de la lista.

El gobierno de Trump afirma que estas deliberaciones han contribuido a minimizar el impacto que sufrirán los consumidores estadounidenses.

En internet, se hizo burla del secretario de Comercio, Wilbur Ross, por haber dicho que, debido a que los aranceles se aplicarán a miles de productos, “nadie se percataría de su existencia”.

Pero algunos economistas del banco Goldman Sachs respaldan esa afirmación, pues calcularon que la tasa de aranceles del 10 por ciento aumentará la inflación solo alrededor de 0,03 puntos porcentuales y el aumento al 25 por ciento, otros 0,05 el año próximo.

No todos quedaron satisfechos. Más de tres cuartas partes de los productos afectados a partir del 24 de septiembre son artículos intermedios y bienes de capital, por lo que su efecto más inmediato será aumentar los costos para las empresas estadounidenses.

En respuesta al anuncio de Trump, representantes de distintas industrias, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Consejo Americano de Química y la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado, expresaron su inconformidad y advirtieron que los estadounidenses terminarían pagando los aranceles, por lo que solicitaron que se adopte otro enfoque.

Aunque el gobierno de Trump afirma apegarse al debido proceso, sus acciones son muy distintas de los procedimientos que aplica el sistema de intercambio comercial global basado en normas. En una situación normal, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) presentan sus quejas ante los jueces del organismo. Si sus acusaciones proceden, entonces dichos jueces permiten represalias específicas.

En 2012, el gobierno estadounidense presentó una queja ante la OMC por una supuesta infracción de las reglas por parte del gobierno chino, que restringía la exportación de tierras raras. Puesto que China ocupa una posición dominante en el suministro global de estos elementos, los fabricantes estadounidenses se veían afectados por un aumento en los precios de sus insumos. Después de que los jueces de la OMC resolvieron a favor de los estadounidenses, el gobierno chino descartó las medidas.

El gobierno de Trump argumenta que las normas de la OMC están incompletas, por lo que es incapaz de lidiar con las supuestas infracciones de China, como obligar a las empresas extranjeras a entregar su tecnología.

No obstante, al mismo tiempo que se queja, Estados Unidos debilita al sistema que hace cumplir las normas de la OMC, pues ha bloqueado la designación de jueces para el tribunal de apelaciones del organismo. A partir de octubre, solo quedarán tres jueces en funciones, el número mínimo necesario para resolver una controversia.

El 18 de septiembre, la comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, dio a conocer un “documento de base” en el que se proponen reformas que podrían llenar algunos de los vacíos de las reglas de la OMC, así como opciones para reformar la resolución de controversias. No obstante, no está nada claro si Trump o el gobierno chino considerarán algo.

Sin el sistema multilateral basado en reglas para contener el conflicto, la guerra comercial entre China y Estados Unidos podría tener efectos mucho más graves.

En su anuncio del 17 de septiembre, Trump amenazó con afectar importaciones chinas adicionales con un valor de 267.000 millones de dólares si China respondía con represalias a su serie más reciente de aranceles. Por su parte, los chinos no han dado señales de dar marcha atrás y prometieron aplicar medidas de política fiscal para aminorar los efectos al interior del país.

Aunque casi no les quedan exportaciones estadounidenses para aplicar represalias, tienen otras opciones para dar batalla. El 17 de septiembre, por ejemplo, se informó que un funcionario chino estaba considerando que China repitiera el truco de imponer restricciones de exportación a materias primas de las que dependen los fabricantes estadounidenses. Al día siguiente, el presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, Craig Allen, advirtió que la OMC había dejado claro que ese tipo de restricciones eran ilícitas. Claro que también se puede argumentar que, si los estadounidenses no se apegan a las reglas, ¿por qué deberían hacerlo los demás?

Fuente: Dinero en Imagen

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