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C.C.P Juan Pablo Castañón

En una ley cuyo fondo es la honestidad, sería un contra sentido que no fuéramos honestos diagnosticando el problema. Este es particularmente el caso de la Ley 3 de 3 y de todo el Sistema Nacional Anticorrupción con las leyes que lo soportarán, donde el malo es el político, totalmente desprestigiado por aquellos que han abusado del poder. ¿Pero que hay de los demás implicados en este círculo?

El resultado final de lo aprobado por el Congreso en la materia no fue bien visto por los empresarios, ya que no se cumplieron algunas de las condiciones que según la iniciativa 3 de 3, eran indispensables para garantizar transparencia de los haberes legales o ilegales de los funcionarios, como lo era la obligación de hacer públicas sus declaraciones.

Pero lo que más molestó al sector privado organizado, que usted representa a nivel cupular, fue la redacción de un artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades que implicaba que empresarios y sus empleados, becarios, beneficiarios de asistencia social, pensionados y todas las personas físicas y morales que reciban o ejerzan recursos públicos debían presentar obligatoriamente sus declaraciones patrimonial y de intereses.

La razón para incluir este artículo por parte de los Senadores parecía un claro mensaje, incluso venganza contra los empresarios. Jamás se supo si esta redacción pasó a revisión de Los Pinos, que no necesariamente de el Presidente, pero generó fuertes reacciones ya que de entrada era inoperante, implicando que millones de mexicanos tendrían que presentar su 3 de 3. No habría siquiera capacidad administrativa para recibir ese caudal de papelería. En uso de sus facultades el Presidente Peña Nieto vetó la ley regresándolo al Congreso con observaciones.

Sin embargo Don Juan Pablo, es muy importante reconocer que replanteado el artículo 32, haciendo excepciones de beneficiarios de programas federales y trabajadores de empresas que son proveedores del gobierno, o incluso si se elimina en su totalidad, debe de ser una llamada de atención que evidencie el papel del empresario en este delicado fenómeno de la corrupción.

Por cada político corrupto, existe no sólo un empresario corrupto sino incluso cientos de ellos. Quién se acerca primero a quién, si es imposible contratar con gobierno sin el famoso moche o si se trata de una abierta extorsión, son situaciones que pueden variar, pero no podemos cerrar los ojos ante la incidencia donde es el particular quien lleva las riendas de los negocios con rendimientos ilegales para los funcionarios públicos.

Cuántos de estos Don Juan Pablo serán miembros de Cámaras, Consejos y Asociaciones representadas en el CCE, en cuántos casos incluso son líderes de estas organizaciones en los Estados que utilizan el cargo para monopolizar contratos en distintos rubros que van desde la construcción, desarrollo inmobiliario, servicios profesionales y otros.

Existe además un círculo vicioso del empresario corrupto, que con dinero producto de esta práctica, se vuelve patrocinador de campañas a cambio de que de conservar privilegios y continuar el ciclo. Su posición como dirigente ha sido firme y positiva, sin embargo es básico, si realmente se quiere combatir el problema, que el diagnóstico sea tan honesto como los políticos y empresarios que México requiere, apretando y exhibiendo a ambas partes para que no haya impunidad jurídica, económica, ni social.

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